Temas del Foro

ASOCIACIONISMO MUNICIPAL EN DIFERENTES PAÍSES. VENTAJAS, DESVENTAJAS, LOGROS ALCANZADOS

Ponentes:

•    Bolivia: Carlos Hugo Molina, Presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD).
•    Uruguay: Daniel Biagioni. Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH).
•    España: Juan Andrés Tovar Mena. Pte de la Excma. Diputación de Cáceres.
•    Moderador. Martín Sannemann.

ASOCIACIONISMO MUNICIPAL EN PARAGUAY. LOGROS Y DIFICULTADES DE CADA MOOELO

Casos:

•    Asociación del Municipio de Caazapá (AMUCA). José Eladio Flores.
•    Mancomunidad de Mbaracayu. Edgar García Duarte.
•    Asociación de Intendentes de ltapúa (AIDI). Pte. Luis. A. Larré del Puente.
•    Moderadora: Cristina Bogado.

ASOCIACIONISMO MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL. EXPLORAR ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS LEGALES Y ECONOMICOS QUE IMPULSEN EL “DESARROLLO LOCAL” DE LOS MUNICIPIOS

Ponentes:

•    “Visión Estratégica desde el Gobierno Nacional”. Miguel Angel Lopez Perito.
•   “Transferencias financieras para el Desarrollo local”. Raul Monte Domecq
•    “Asociacionamismo a la luz de La nueva Ley Orgánica Municipal”. Enrique Sosa.
•    “Fideicomiso, nuevo instrumento financiero Municipal”. Myrian Soliz.
•    Moderador: Yan Speranza.

Acceso libre y Gratuito.
Se dará prioridad a quienes se inscriban antes del 3 de agosto.
Inscripciones e informaciones: Gestión Local, Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 423 448/420 364
secretaria@gestionlocal.org.py – gl@gestionlocal.org.py

Nuestra sabiduría popular califica con ese término, una conducta o acción que de manera solapada y engañosa, intenta hacer pasar por correcta una situación que no lo es. La Constitución establece que para aprobar la Ley Marco de Autonomías se requiere de la aprobación de 2/3 de los Asambleísta. Siendo esta una Ley de Transición, será aprobada, sin tener que llegar a esa mayoría.

Pero el tema no termina ahí. En el intento de mantener centralmente la conducción del proceso de autonomías, el Gobierno está perdiendo un tiempo valioso para establecer reglas coherentes y concertadas. A partir del 1 de junio le tocará a las Entidades Territoriales Autónomas, dotarse de los instrumentos que el Estado no ha querido darles.

La Ley incorpora dificultades que se suman a las propias de un proceso tan complejo como el que estamos viviendo. La viabilidad legal del proyecto, estará dada por la mayoría aplasten que tiene el MAS en el Órgano Legislativo, lo hemos dicho. Pero su aplicación territorial puede generar reacciones previsibles. No creo que el acto de juramento de los Gobernadores electos pueda ser impedido, y precisamente a partir de ese momento, se plantea un escenario dinámico y complicado.

Resulta llamativo que en la Ley, se incorporen materias que no corresponden, se trate de legislar sobre otras materias que no lo necesitan por ser precisamente parte del objeto de la autonomía, y por otro lado, no se toquen los temas que si debieran estarlo.

A ello hay que sumarle, además, que la Ley es formulada a la medida de la necesidad del MAS pues se aplicará en los lugares en los que perdió, electoralmente. El universo de potenciales perjudicados, además de los Gobernadores de oposición, tiene nombres tan conocidos como René Joaquino, Juan del Granado, Luís Revilla, John Caba…

La capacidad de reacción legal de los afectados, se pondrá de manifiesto en todos los casos. Serán autoridades elegidas legítimamente que podrán iniciar acciones de defensa jurídica haciendo respetar la Constitución Política del Estado, en sus aspectos de proceso justo y sentencia ejecutoriada, que no pueden ser desconocidos por una ley secundaria.

Este escenario propuesto por el Gobierno, como un intento de mantener el control central del proceso autonomista, generará sin lugar a dudas, la radicalización constitucional del Estado Federal que ha sido definido por la propia Constitución.

Las leyes no se miden por su extensión sino por su necesidad y capacidad de respuesta. Estamos frente a una propuesta legal que no responde a las necesidades del momento. El componente de relaciones intergubernamentales y el de la transferencia de recursos, son los más complicados en procesos de esta naturaleza. Ninguno de los dos componentes está reflejado en la propuesta.

La autonomía departamental empezará a ser ejercida constitucionalmente en las Asambleas Departamentales a partir del 1 de junio; la ausencia de normativa de relaciones intergubernamentales no será responsabilidad de los Departamentos si no del Gobierno Central, y que a pesar de esa carencia, los Departamentos y sus Asambleas, empezarán a trabajar pues para eso han sido elegidas.

Las Autonomías Indígenas irán encontrando su espacio natural en cada departamento. En ese tema, deberemos tenernos paciencia entre todos.

Estamos frente a un momento constitutivo de un nuevo Estado. No será el diseñado desde la fundación de la república, ni el que se ha pretendido dibujar en la Constitución del 2009. Los elementos incorporados son de una riqueza tan grande, que deja a la creatividad de los actores el ejercicio de la nueva construcción. Ese componente es ajeno a la visión del MAS y del Gobierno Central que ha abierto las puertas de la capacidad creativa de los departamentos, y estos actuarán en consecuencia. No hay nada más triste que un burócrata centralista sin poder y sin recursos. Habrá que agradecérselo al MAS que está dando lugar a ello, a pesar de ellos mismos que no lo quieren así.

Las Paradojas de la Historia seguirán haciendo su parte, y nos recordarán quienes fueron los aprendices de brujos que liberaron a los demonios. Y que en este caso, han logrado potenciar la capacidad de los actores territoriales con una Ley que terminará su vigencia el 22 de julio, cuando se apruebe la norma definitiva.

Lo que ha generado Caranavi.

Fuente: Erbol.

* CEPAD, Bolivia.

Fecha y  Lugar: junio 7 – 10, 2010 en el Hilton Downtown Hotel de Miami, Florida, Estados Unidos (Recepción de bienvenida el lunes 7 de junio en el Hotel), 1601 Biscayne Boulevard.

Auspician: El Gobierno del Condado Miami-Dade y el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Facultad de Asuntos Sociales, Justicia y Administración Pública de la Universidad Internacional de la Florida.

Para mayor información, favor de contactar a: Lic. Cristina A.

Rodriguez-Acosta en la Florida International University (USA). Tel. (305) 348-1271, fax (305) 348-1273. E-mail: lagierc@fiu.edu

o en la página Web: http://ipmcs.fiu.edu/es/mayors-invitation.htm

Lo fundamental de un proceso político innovador es que sus actores tengamos la capacidad de pensar la experiencia con una dosis de crítica, pues sólo esa actitud nos permitirá visualizar en el borroso campo de pugnas e intereses, el camino más adecuado para el buen vivir constitucional. Tres años de gobierno “ciudadano” es una buena oportunidad para una evaluación objetiva en función de obtener lecciones claves para mejorar y rectificar un proceso que nos afecta a todos y todas.

Todo cambio es complejo pues implica siempre readecuaciones, y allí duermen las resistencias que se despiertan agresivas cuando su estabilidad o su forma de vida se ve amenazada. Eso está ocurriendo con cada sector de la sociedad ecuatoriana que intenta ser regulado; “el reino de la regalada gana” en el que hemos estado acostumbrados a convivir se tambalea frente al retorno del Estado y su proceso de reinstitucionalización; he allí el principal elemento del nuevo modelo político del gobierno PAIS.

En la arena de la reinstitucionalización con las regulaciones legislativas que conlleva, es donde se están desatando conflictos y luchas políticamente complicadas para el gobierno y la sociedad en su conjunto. Desde la derecha, los pasos en soberanía nacional y el control a la inversión extranjera en áreas estratégicas, la reorientación en las relaciones internacionales (dejando la política unidireccional del “mejor aliado”), el control al sistema financiero, la política tributaria, regulaciones al comercio y otras, además del control a los medio de comunicación, resultan un insoportable bloqueo a la práctica del libre mercado. Los sectores afectados, aun sin sobreponerse del atrevimiento gubernamental de trastocar su sagrado patrimonio a la libertad de usufructuar del estado y la sociedad en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, de a poco van descubriendo los hilos que los unen y van juntando a moros y cristianos en una estrategia desestabilizadora de mediano plazo.

Lamentablemente la derecha sufre de “minuspolítica” y busca voceros en cada maltratado por la “insultología” oficial del Presidente, por tanto carece de estrategia de largo alcance y se queda rotando entre un Carlos Vera (un presentador de noticieros) erosionado en autoestima, cuyo discurso se sustenta en rencor acumulado contra la persona de Correa, y un Fabricio Correa (hermano del Presidente) que personifica el resentimiento por suspenderle suculentos negocios con el Estado producto del tráfico de influencias. Dos personajes con demasiados límites como para convertirse en alternativa política al régimen, sin embargo por la amplificación de sus discursos por parte de los medios de comunicación, lograron impactos en la clase media que progresivamente abandonan la simpatía por el gobierno correista.

En ese déficit de oposición seria, son los medios de comunicación quienes frontalmente se han convertido en un actor político administrando día a día en sus emisiones de radio, televisión y prensa escrita, dosis de descrédito, desconfianza y malestar contra el gobierno a millones de ecuatorianos; la credibilidad de Correa por todos estos elementos muestra tendencias de deterioro.

En este clima el Presidente Correa, hace redoblados esfuerzos personales para enfrentarse a cualquier ciudadano que muestre con razón o sin ella, desacuerdos con su actuación y en esa lógica los movimientos sociales paulatinamente se ven excluidos de participar en un proyecto político que nace de procesos desde hace décadas y que se concretan en la propuesta de PAIS para las elecciones. Se recurre entonces a “comités ciudadanos” como base política, pero se omite el análisis que estos comités funcionan con racionalidad populista y por su precaria economía familiar migran siempre al mejor postor, en definitiva son los llamados por Adoum y el PRE “cardúmenes”  y reclamados para sí como su patrimonio; esta base social no garantiza proyecto político alguno, garantiza movilización en tiempos de calentamiento político, pero esto no es insuficiente para un revolución ciudadana.

Un gobierno alternativo para serlo debe mostrar diferencias radicales con los antecesores neoliberales, esto en las realizaciones políticas concretas, y lo que nos preocupa es “la huella política” que va dejando el gobierno, es decir la relación entre lo posible y viable de hacer con lo que realmente se hace, y allí nos queda una deuda.

La deuda política se expresa en la ausencia de participación ciudadana; hasta ahora los esfuerzos gubernamentales en esta línea se reducen a los gabinetes itinerantes en cantones y parroquias, en las cadenas presidenciales de los sábados y de informe semanal por televisión los lunes; en talleres que hace Senplades o algún ministerio para informar sobre planes, programas o legislación, pero definitivamente no existen los canales para el dialogo social y político donde los diferentes actores expresen sus intereses y necesidades y se canalicen para retroalimentar la política gubernamental; el dialogo tiene una sola vía y eso no es participación, es información.

Se incrementa el déficit con la exclusión de importantes movimientos sociales en la perspectiva del buen vivir; estos sectores encuentran más espacio en oponerse y resistir –por cierto con débiles argumentaciones- que estar junto al gobierno donde se vuelven invisibles. Aquí la lógica es el protagonismo político que todo actor se merece legítimamente y que movimiento indígena, estudiantes, maestros, campesinos, montubios y otros pretenden; el sentido político debe ser operar mesas de dialogo transparentes, donde cada quién con su identidad y autonomía se sienta libre para empujar el cambio y la verdadera revolución ciudadana.

Dos elementos más contribuyen al saldo político negativo: la recentralización del Estado y el abandono de la perspectiva ambiental.

La recentralización es un proceso contracorriente y que afecta la institucionalidad de territorios y regiones con sus denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a la cabeza; en esta línea los retrocesos son significativos y la gestión pública está siendo conducida por el tortuoso camino del centralismo; municipios, universidades y otras instituciones están ya sufriendo problemas de agilidad y eficiencia en su gestión por la atorrante burocracia centralista.

Y en temas ambientales, la peor decepción es la decisión de Correa de explotar la reserva petrolera de la reserva Ecológica del Yasuní ITT, aduciendo soberanía en la propuesta de Fideicomiso que surgió al inicio del Gobierno, esto representa la peor señal de contravía a la constitución del Buen Vivir y a la propuesta electoral de PAIS; da tela para imaginar “el retorno de los brujos” que viven alrededor de los recursos estratégicos del estado y de la versión extractivista; el tema minero y del agua es lo que sigue y la prueba de fuego para el gobierno, definiremos allí si vamos por la línea del cambio o retornamos al viejo país; abona el mal presagio la “inauguración de los biocombustibles” por el gobierno, con lo cual suelos productivos entran a competir con cultivos para la seguridad alimentaria.

Por último, es fundamental concluir señalando que el Ecuador es uno de los países más activados políticamente de América Latina, por tanto, no es sólo tarea personal del Presidente darle rumbo e intensidad a un proyecto político construido por la mayoría de ecuatorianos; es responsabilidad de la sociedad civil “constitución en mano” orientar y presionar ese rumbo; a su vez es responsabilidad de PAIS saldar la deuda política pendiente “programa en mano”, y lo más sensato con quienes lo tallaron.

* Fundación Ofis, Cuenca, Ecuador. Miembro del Grupo Iniciativa.

El Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, destacó que para hacer realidad el cambio que el Ecuador quiere hay que derrotar y enterrar, definitivamente, al centralismo, que es una especie de enfermedad en los países.

Hoy, a partir de las 09h30, en el Hotel Quito, se inauguró el Tercer Encuentro Latinoamericano – Retos del Desarrollo Local y la Tercera Cumbre Iberoamericana de Descentralización y Desarrollo Local, el cual cuenta con 350 participantes, cuyos debates se llevarán adelante hasta el viernes 13 de noviembre.

El arquitecto Cordero, ex alcalde de Cuenca, comentó que el centralismo, muchas veces, les derrota a los Presidentes de la República, lo que no queremos que ocurra esta ocasión, al señalar que la Constitución ecuatoriana, en el artículo 238, le destinó un capítulo especial a la organización territorial y dentro de ello a la descentralización.

Allí, agregó, consta que los gobiernos autónomos descentralizados, como se les llama a los poderes locales, gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorialidad, integración y participación ciudadana. En ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá la cecesión del territorio nacional.

Recalcó que los gobiernos descentralizados, por ahora en el Ecuador, son las prefecturas, municipios y las juntas parroquiales, y en el futuro mediato se tendrá a las regiones autónomas, conforme lo establece la Constitución, al enfatizar lo trascendental del Código de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía para desarrollar los principios de la descentralización, a fin de trasladar competencias centrales a entes que están cerca de la comunidad.

Nuevo modelo de gestión

El alcalde de Quito, Augusto Barrera, resaltó que la nueva Constitución determina un camino para la conformación de autonomías y consolida los conceptos de los distintos niveles de gobierno, por lo que en el próximo año se vivirá la discusión de un conjunto de leyes claves para desarrollar dicho concepto.

Es fundamental que los gobiernos locales y los organismos legislativos, en este caso la Asamblea Nacional, pueda hacer una combinación adecuada de este planteamiento. Estamos de acuerdo en el rol de rectoría y de definición política del gobierno nacional, pero también estamos convencidos que los gobiernos locales podemos hacer mucho mejor muchísimas cosas que las hace el régimen central, porque estamos más cerca de la población, añadió.

Aseveró que se puede establecer un modelo participativo basado objetivamente en la relación con los ciudadanos, porque tenemos mayor flexibilidad institucional y podemos construir un modelo y una lógica de ciudadanía mucho más inclusiva y diversa.

MG/pv

Fuente: Asamblea Nacional de Ecuador.